Situacion de insolvencia en España

Procedimiento de insolvencia españa

Este artículo explica algunos de los aspectos más relevantes de los procedimientos de insolvencia y cobro de deudas. Desde un punto de vista práctico, estos conceptos deben valorarse teniendo en cuenta la posibilidad de que un actor económico pueda participar en un procedimiento de insolvencia cuando dicho actor económico sea invocado por un acreedor o cuando un actor económico participe voluntariamente en dicho procedimiento como deudor. Un hecho para el procedimiento de insolvencia en España es el de acogerse a la ley de segunda oportunidad, dónde el deudor queda amparado por la justicia, en el link podéis poneros en contacto con abogados experimentados en este campo, podréis recibir ayuda y ofrecen consultas gratuitas.

La Ley De Segunda Oportunidad

Debe tenerse en cuenta la necesidad del agente económico de elegir entre la liquidación o aprobación de un acuerdo con los acreedores y las dificultades del proceso de insolvencia. En particular, el tipo de acreedor implicado puede contribuir a la dificultad de la decisión del agente económico de elegir entre la liquidación o la aprobación de un acuerdo con los acreedores. Este artículo añade también una breve reflexión sobre el escaso uso del procedimiento de insolvencia para los casos de deuda que afectan a las familias.

Procedimiento concurso voluntario de acreedores

A diferencia de la reglamentación sobre insolvencia que figura en el Código de Comercio, la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia no obliga a un juez, en su actual normativa en materia de insolvencia, a suponer que el deudor se encuentra en situación de insolvencia. El nuevo reglamento que se encuentra en el artículo 2 de la Ley de Insolvencia establece que el deudor debe justificar su estado actual o inminente de la deuda y la insolvencia. Con este nuevo régimen de insolvencia, no basta con que el deudor declare simplemente que es insolvente ante un juez durante un procedimiento de insolvencia. En su lugar, el deudor debe justificar adecuadamente su situación de insolvencia para evitar el riesgo de que un juez podría rechazar el procedimiento. Para que el deudor pueda cumplir con este requisito de insolvencia, la Ley de Insolvencia no limita los medios de justificación del deudor. Sin embargo, la documentación que el artículo 6 exige que el deudor presente tiene una relevancia especial para que el procedimiento pueda continuar con éxito.

Requisitos para declararse insolvente

En efecto, entre otros documentos, el instrumento que la Ley de Insolvencia considera adecuado para justificar la insolvencia debe ser el informe anual. El informe anual es un documento que expresa la historia económica y judicial del deudor. Es especialmente útil para determinar las causas del estado de insolvencia del deudor, así como las valoraciones y medidas sobre la viabilidad de la propiedad del deudor. El informe anual, acompañado de otros documentos pertinentes, debe contener una explicación clara y razonada de la situación actual de la empresa.

Debe tenerse en cuenta que el informe anual no sólo es importante para convencer a un juez que preside un asunto comercial de la conveniencia de tener el procedimiento de insolvencia, sino también porque el uso del informe anual tendrá consecuencias en el caso de que en el procedimiento de insolvencia existe una fase de clasificación correspondiente.

Debe recordarse que el artículo 164.2II de la Ley de Insolvencia establece que un procedimiento de insolvencia terminará con culpabilidad cuando el deudor haya cometido una inexactitud grave en alguno de los documentos que acompañan a la solicitud de declaración de un procedimiento de insolvencia o cualquiera de los documentos presentados por el deudor durante un procedimiento de insolvencia o cuando el deudor haya presentado documentos falsos. Este artículo se refiere en general a los documentos especiales utilizados por el deudor para solicitar la declaración de un procedimiento de insolvencia.

Existencias de un activo

La iniciación de un procedimiento de insolvencia para liquidar una empresa es frecuente en la práctica de la Ley de Insolvencia. Tales tipos de procedimientos no pueden implicar prácticamente ninguna clase de activos como objeto de la liquidación. Existen posiciones conflictivas entre los jueces de los procedimientos de insolvencia acerca de cómo tratan dicho procedimiento.

Una opción es que el procedimiento se llevará a cabo teniendo en cuenta todas las acciones de reintegración. En un sentido amplio, las acciones de reintegración bajo este punto de vista son aquellas que podrían establecerse contra los actos del actor insolvente desde el principio, si se aplica una fase de clasificación como lo hace frecuentemente en estos casos, con una declaración del procedimiento de insolvencia de los administradores responsabilidad de hecho o de derecho que la empresa insolvente ha tenido en los últimos dos años.

Una segunda opinión que siguen los jueces de la insolvencia es la de emitir un informe en el que se explica la insuficiencia de los bienes de una empresa. Dicho informe debe ajustarse al artículo 176 de la Ley de Insolvencia, en el que se declara la conclusión y registro del procedimiento de insolvencia en cualquiera de las fases del procedimiento. Este punto de vista se aplica cuando se demuestra que en cualquier fase del procedimiento de insolvencia no existen activos o derechos del actor insolvente ante el tribunal, ni derechos de terceros para satisfacer las deudas de los acreedores.

CRITERIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DE LA DOBLE TRIBUTACION

1.
- La Constitución Política de la República de Guatemala incorpora en forma explícita el principio de legalidad en cuanto al régimen tributario.
De esa cuenta, con rango constitucional se establece: La exclusividad del Congreso para decretar impuestos. La competencia exclusiva del 
Congreso para determinar el hecho generador de la relación tributaria; fijar las exenciones; la base imponible; el tipo impositivo; deducciones,
 infracciones y sanciones tributarias.
2.
- Esas bases de recaudación, que corresponde fijar al Congreso, no pueden ser modificadas por disposiciones reglamentarias, pues éstas deben concretarse
 a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación.
3.
- Dentro del principio de legalidad tributaria, siempre con jerarquía constitucional, también se contempla que el sistema tributario debe ser justo y
equitativo; el principio de capacidad de pago; y la prohibición de los tributos confiscatorios y de la doble o múltiple tributación.
4.
- La propia Constitución, define la doble o múltiple tributación, en el sentido de que ésta ocurre cuando un mismo hecho generador, atribuible al mismo
sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período de imposición.
5.
- Los principios indicados son ampliamente conocidos en el Derecho Tributario. Pero lo que se quiere destacar es que en Guatemala están contemplados en
la Constitución, a la cual deben subordinarse las demás leyes (principio de la supremacía constitucional).
6.
- La Constitución Política también creó la CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, como tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la
defensa del orden constitucional.Entre otras de sus funciones esta la de conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes 
objetadas de inconstitucionalidad.
7.
- Con esos antecedentes, conviene indicar que ante la Corte, el Procurador de los Derechos Humanos interpuso Recurso de Inconstitucionalidad 
contra una norma de tipo tributario de la LEY DEL IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN DE PETROLEO, bajo el planteamiento de que la misma generaba doble 
tributación, con respecto al tributo ya establecido anteriormente por la LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), y por originarse ambos gravámenes
de un mismo hecho generador.
8.
- La Corte de Constitucionalidad, en reciente sentencia, que fue publicada en el Diario Oficial (por la cual conocimos de este fallo y cuya publicación nos
sirve para este informe) estimó que la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Iva) establece que están afectas a tal impuesto LAS IMPORTACIONES; y
la Ley del Impuesto a la Distribución del Petróleo, estableció -por modificación de una de sus disposiciones- otro impuesto por LA SALIDA de 
los productos del petróleo afectos de los depósitos de almacenamiento de las compañías distribuidoras o plantas procesadoras, para su
distribución en el territorio nacional. Resulta evidente -consideró la Corte- que inmediatamente  después de la importación, 
el petróleo crudo y los combustibles derivados del petróleo, deben ser almacenados por su propia naturaleza física. Es decir, como un paso posterior,
tales productos SALDRAN de los lugares de almacenamiento para ser distribuidos. En realidad, el hecho generador de ambos impuestos
(Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Distribución de Petróleo y los combustibles derivados del mismo) son parte del PROCESO DE INTERNACION
del producto en el territorio nacional, por lo que se cumple el requisito de identidad del hecho generador, concurriendo
asimismo identidad en el sujeto pasivo del impuesto (la entidad que importa y distribuye el petróleo o los combustibles derivados del petróleo), y además,
en ambos impuestos el sujeto activo es el Estado. Finalmente ambos impuestos se generan simultáneamente al ingresar los
productos al territorio nacional y distribuirlos, cumpliéndose entonces todos los supuestos necesarios para considerar doble tributación.
Con tales argumentos, la Corte declaró con lugar la inconstitucionalidad de la norma de la Ley del Impuesto a la Distribución de 
Petróleo Crudo y Combustibles derivados del Petróleo, que contempló un gravamen impositivo respecto a la salida del combustible de los 
lugares de almacenamiento para su distribución, dejándolo sin vigencia y efectos.

9.- Esta invalidez del impuesto declarada por la vía de la justicia constitucional, a petición del Procurador de los Derechos Humanos, 
desde luego, creó serio malestar en la esfera gubernamental, porque se dejaba sin vigencia un impuesto importante, tenido en cuenta para la 
formulación del Presupuesto de Ingresos.No es, desde luego, la primera vez en que se examina el hecho generador de la relación tributaria o 
la doble tributación. Pero este caso cobró importancia por los relevantes alcances que tuvo en las finanzas públicas, aparte de la obvia repercusión política.