1.
- La Constitución Política de la República de Guatemala incorpora en forma explícita el principio de legalidad en cuanto al régimen tributario.
De esa cuenta, con rango constitucional se establece: La exclusividad del Congreso para decretar impuestos. La competencia exclusiva del 
Congreso para determinar el hecho generador de la relación tributaria; fijar las exenciones; la base imponible; el tipo impositivo; deducciones,
 infracciones y sanciones tributarias.
2.
- Esas bases de recaudación, que corresponde fijar al Congreso, no pueden ser modificadas por disposiciones reglamentarias, pues éstas deben concretarse
 a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación.
3.
- Dentro del principio de legalidad tributaria, siempre con jerarquía constitucional, también se contempla que el sistema tributario debe ser justo y
equitativo; el principio de capacidad de pago; y la prohibición de los tributos confiscatorios y de la doble o múltiple tributación.
4.
- La propia Constitución, define la doble o múltiple tributación, en el sentido de que ésta ocurre cuando un mismo hecho generador, atribuible al mismo
sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período de imposición.
5.
- Los principios indicados son ampliamente conocidos en el Derecho Tributario. Pero lo que se quiere destacar es que en Guatemala están contemplados en
la Constitución, a la cual deben subordinarse las demás leyes (principio de la supremacía constitucional).
6.
- La Constitución Política también creó la CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, como tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la
defensa del orden constitucional.Entre otras de sus funciones esta la de conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes 
objetadas de inconstitucionalidad.
7.
- Con esos antecedentes, conviene indicar que ante la Corte, el Procurador de los Derechos Humanos interpuso Recurso de Inconstitucionalidad 
contra una norma de tipo tributario de la LEY DEL IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN DE PETROLEO, bajo el planteamiento de que la misma generaba doble 
tributación, con respecto al tributo ya establecido anteriormente por la LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), y por originarse ambos gravámenes
de un mismo hecho generador.
8.
- La Corte de Constitucionalidad, en reciente sentencia, que fue publicada en el Diario Oficial (por la cual conocimos de este fallo y cuya publicación nos
sirve para este informe) estimó que la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Iva) establece que están afectas a tal impuesto LAS IMPORTACIONES; y
la Ley del Impuesto a la Distribución del Petróleo, estableció -por modificación de una de sus disposiciones- otro impuesto por LA SALIDA de 
los productos del petróleo afectos de los depósitos de almacenamiento de las compañías distribuidoras o plantas procesadoras, para su
distribución en el territorio nacional. Resulta evidente -consideró la Corte- que inmediatamente  después de la importación, 
el petróleo crudo y los combustibles derivados del petróleo, deben ser almacenados por su propia naturaleza física. Es decir, como un paso posterior,
tales productos SALDRAN de los lugares de almacenamiento para ser distribuidos. En realidad, el hecho generador de ambos impuestos
(Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Distribución de Petróleo y los combustibles derivados del mismo) son parte del PROCESO DE INTERNACION
del producto en el territorio nacional, por lo que se cumple el requisito de identidad del hecho generador, concurriendo
asimismo identidad en el sujeto pasivo del impuesto (la entidad que importa y distribuye el petróleo o los combustibles derivados del petróleo), y además,
en ambos impuestos el sujeto activo es el Estado. Finalmente ambos impuestos se generan simultáneamente al ingresar los
productos al territorio nacional y distribuirlos, cumpliéndose entonces todos los supuestos necesarios para considerar doble tributación.
Con tales argumentos, la Corte declaró con lugar la inconstitucionalidad de la norma de la Ley del Impuesto a la Distribución de 
Petróleo Crudo y Combustibles derivados del Petróleo, que contempló un gravamen impositivo respecto a la salida del combustible de los 
lugares de almacenamiento para su distribución, dejándolo sin vigencia y efectos.

9.- Esta invalidez del impuesto declarada por la vía de la justicia constitucional, a petición del Procurador de los Derechos Humanos, 
desde luego, creó serio malestar en la esfera gubernamental, porque se dejaba sin vigencia un impuesto importante, tenido en cuenta para la 
formulación del Presupuesto de Ingresos.No es, desde luego, la primera vez en que se examina el hecho generador de la relación tributaria o 
la doble tributación. Pero este caso cobró importancia por los relevantes alcances que tuvo en las finanzas públicas, aparte de la obvia repercusión política.